FGR cierra investigación contra fiscales que cambiaron el delito en caso Javier Duarte
La denuncia fue presentada hace más de tres años por la organización Tojil para indagar a los fiscales del caso tras advertir que pudieron haber cometido el delito de cohecho al haber ofrecido al ex mandatario estatal el beneficio de un procedimiento abreviado sin respetar la normatividad vigente.
Lo anterior, porque modificaron el delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa el cual tiene una pena mucho menor. El cambio ocurrió en el marco de una solicitud por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que permitió a Javier Duarte negociar con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) una condena reducida, cuando pudo haber sido sentenciado a más 25 años.
Sin embargo, el Ministerio Público Federal determinó que no existen delitos que perseguir, por lo que decretó el no ejercicio de la acción penal.
Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundadora y codirectora de Tojil, dijo a MILENIO que el “carpetazo” de la FGR no lo pueden impugnar, pero manifestó que aún tienen esperanzas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acepte revisar el asunto, después de que se les negó reconocer el carácter de víctimas.
La petición a la CIDH la presentaron en 2020. “Hemos estado dando seguimiento al caso y pues esperamos que por lo menos en este primer trimestre del año tengamos ya una resolución por parte de la comisión”, apuntó.
La abogada dejó claro que no pueden presentar algún recurso contra la decisión de la FGR, porque la calidad de víctimas que les fue reconocida en un principio por parte de un juez federal, terminó siendo revocada en otra instancia.
“Ahorita estamos todavía en ese proceso de espera de aceptación del caso (por parte de la CIDH) y desafortunadamente pues esta nueva resolución, que en concreto da por concluida esta investigación, por una parte, confirma todo lo que básicamente hemos postulado desde Tojil, que quiere decir que cuando este tipo de investigaciones se hacen sin un contrapeso ciudadano y sin una investigación seria, completa e imparcial, pues simple y sencillamente terminan en un carpetazo”, expresó.
A mediados de 2020, un Tribunal Federal confirmó la condena de nueve años de prisión dictada al ex gobernador de Veracruz. La magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, ratificó la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2018.
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