EPN deja un burócrata en FEADLE y la prensa lo paga: la impunidad es inédita… incluso para México
Lejos de combatir los ataques criminales contra los periodistas mexicanos, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a cargo de Ricardo Nájera Herrera, cerró el diálogo con los comunicadores y con la sociedad civil, e impuso sus criterios para no investigar asesinatos y amenazas. Nunca consideró el trabajo periodístico como móvil de las agresiones.
El retroceso con Nájera Herrera, un burócrata que hizo carrera en la PGR, y que de vocero del Procurador pasó a ser el principal investigador de los crímenes de los periodistas –un problema que, dicho por analistas, arriesga la democracia–, fue tal que aumentó la impunidad de una dependencia que, tras 10 años de operación, presenta cero por ciento de solución de casos.
Familias, periodistas y grupos civiles de México y el extranjero dijeron durante años que la FEADLE era un elefante blanco. El resultado ha sido más asesinados, más acoso a medios. E impunidad. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).– Los integrantes del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, llegaron a la reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto con un informe que advierte que se le está acabando el tiempo para frenar la impunidad “endémica” en los crímenes contra reporteros y un nombre como parte de la problemática: Ricardo Nájera Herrera, titular de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
“Planteamos nuestra preocupación, de que la tarea de la Fiscalía ha sido opaca, pero que la del actual fiscal [Nájera Herrera] es peor”, dijo Carlos Lauría, coordinador del CPJ para América Latina.
En la reunión, agregó Lauría, estuvo también el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, quien, ante el planteamiento de la organización, respondió estar al tanto de las quejas contra Nájera y que ya se le buscaba un reemplazo.
Cervantes Andrade no dio fecha, pero la separación de Nájera Herrera de la FEADLE cerrará un periodo que, de acuerdo con organizaciones, víctimas de agresiones y familiares de periodistas asesinados, estuvo caracterizado por la falta de atención a los casos.
“Si bien la FEADLE ha tenido un desempeño deficiente desde su creación [en 2010], porque no podemos decir que ha sido lo que esperábamos, la fiscal anterior mostraba más apertura y ciertos avances en las investigaciones”, dijo Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19.
“Y cuando llega Nájera no sólo se cierra el diálogo con la sociedad civil y con los periodistas, si no que se ve cómo se van truncando las investigaciones y cómo, aun cuando se hablaba de transparencia, justicia penal, lo que veíamos era la idea del fiscal y de nadie más, y eso es preocupante”, agregó Ruelas.
BUROCRACIA E IMPUNIDAD
Nombrado titular de la FEADLE en 2015, Nájera Herrera llegó a la PGR en 2001, en el sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando fue nombrado director general de coordinación en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. De ahí pasó a la delegación del Ministerio Público Federal en el Distrito Federal y, entre 2009 y 2011, fue vocero del entonces Procurador panista, Arturo Chávez Chávez.
Coordinador General de Investigación hasta 2012, entre ese año y 2015 volvió a convertirse en vocero de la PGR hasta que, el 1 de agosto de ese año, la entonces Procuradora Arely Gómez González lo asignó a la investigación de los crímenes cometidos contra periodistas y que, desde 2013, son responsabilidad del Gobierno federal.
“No vimos que el fiscal reconociera la magnitud del problema o reconociera sus facultades de atraer los casos; llegó a desconocer la calidad de periodistas de las víctimas y decía que no eran periodistas, incluso tiene amparos en su contra por este motivo”, comentó Ruelas.
“El fiscal mencionaba mucho que capacitaba a los agentes del ministerio público estatales, pero había que recordar que la FEADLE no era un institución educativa sino una Fiscalía, y que lo mas importante era que se dedicara a investigar los crímenes, y de manera diligente”, agregó.
Desde marzo pasado, Artículo 19 presentó un informe en el que estiman que, durante 2016, la dependencia a cargo de Nájera abrió expedientes para apenas un tercio de las agresiones registradas por la organización, proporción aún menor que el 44.8 por ciento de agresiones que había atendido la FEADLE desde su creación en 2010.
El informe encontró también que, que si bien la impunidad en México es alta para todos los delitos, en el caso de las agresiones y crímenes contra periodistas es casi total: de un 99.7 por ciento, debido a que, de 798 averiguaciones iniciadas desde 2010, la FEADLE ha resuelto sólo tres casos.
Y esa falta de castigo a los crímenes, advierte la misma organización en coincidencia con otros reportes, es una de las causas de que cada vez se presenten más casos de violencia contra la prensa.
“Esta impunidad que impera en la violencia contra la prensa (…) hizo de 2016 un año histórico que refleja cifras inéditas: un crecimiento de agresiones de 29.09 por ciento respecto a 2013 (primer año de Gobierno en este sexenio) y de 163 por ciento respecto al cuarto año de gobierno del presidente Felipe Calderón”, dice el reporte, presentado el pasado 6 de marzo.
FEADLE: EXPERTA EN DESESTIMAR
Las quejas contra Nájera coinciden en que, además de falta de avances en las investigaciones, en ningún caso los agentes a su cargo siguen o profundizan en los vínculos del trabajo periodístico de las víctimas y los crímenes.
“La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, también en un inicio se negó a reconocer que (Moisés) Sánchez era periodista: de acuerdo con la familia de Sánchez, fue necesaria una batalla jurídica de dos años para obligar al organismo a hacerse cargo del caso en lugar de las autoridades estatales de Veracruz”, denuncia el reporte que CPJ entregó a Peña Nieto.
“La FEADLE se negó a aceptar mi caso, con el argumento de que no se había cometido ninguna agresión física real en mi contra. Como periodistas mexicanos, nos sentimos solos… Estamos enfrentando la violencia y la impunidad sin saber a quién acudir o en quién podemos confiar”, agrega en el mismo reporte el periodista Miguel Ángel Díaz, editor del periódico veracruzano Plumas Libres.
Y fue esta misma preocupación, dijo Lauría en entrevista, la que el CPJ planteó en el encuentro con Peña Nieto y al Procurador Cervantes.
“Planteamos nuestra preocupación, pidiendo que el trabajo periodístico debe ser parte de las investigaciones y no desestimado porque el periodista tenía otro trabajo”, dijo Lauría.
“Y explicamos esta situación de precariedad en la que trabajan muchos periodistas de este país, y dijimos que desestimar [la línea del trabajo periodístico] sólo porque tienen otro trabajo, como se ha hecho, es muy dañino y se pierde tiempo a veces vital para digamos investigar pistas”, agregó.
El Presidente Enrique Peña Nieto, en respuesta, dijo comprometerse a considerar como “prioridad” de su agenda la solución de este tipo de crímenes.
“Al Presidente le dije que si podíamos salir de la reunión diciendo que la impunidad en los casos de asesinatos de periodistas y la resolución de los crímenes estará en la agenda, y dijo que sí, que era una prioridad. También dijo que le dará seguimiento a los casos de asesinatos para llegar al fondo, y le dijimos que queremos ver hechos, que hay casos con gente detenida y evidencia y que es importante que en esos casos se dicten sentencias y que la demora es inexplicable”, dijo aSinEmbargo el representante del CPJ.
UN FISCAL QUE NO SEA AMIGO DE CERVANTES
Cervantes también dijo a los integrantes de la organización que el nuevo titular de la FEADLE llegaría después de que su perfil fuera consensuado con las agrupaciones.
“Ahora, lo que debemos ver es qué va a hacer el nuevo fiscal”, dijo Ruelas. “Necesitamos subirle el nivel de observación, no sólo puede ser un buen amigo de Raúl Cervantes: tiene que ser una persona idónea, que conozca no sólo de procuración de justicia sino que sepa sobre la situación del periodismo en México, y que reconozca que el primer agresor contra la prensa es el Estado. Necesitamos un fiscal autónomo que continúe con las investigaciones y entre directamente con la intención de sancionar al Estado, que es uno de los grandes agresores y no hay consignaciones contra funcionarios”, agregó.
La impunidad, mientras, ha generado un clima de casi completa indefensión para el ejercicio periodístico en México, al que la organización Reporteros Sin Fronteras ubicó sólo por detrás de países como Siria y Afganistán en condiciones de respeto a la prensa.
A finales de abril pasado, a un mes del asesinato de la corresponsal deLa Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach Velducea, la reportera de la revista Proceso en la misma ciudad, Patricia Mayorga, tuvo que salir de la entidad y del país ante amenazas.
Esa misma semana, los deudos del periodista Francisco Pacheco Beltrán, asesinado el 25 de abril de 2016 en Taxco, Guerrero, denunciaron que, a un año del crimen, el caso no sólo seguía en total impunidad, sino que su esposa e hijos habían tenido también que salir desplazados del estado por amenazas.
“Nájera se va con una serie de impunidades”, dice la hija de Pacheco Beltrán en entrevista. “Están los casos impunes, y eso quiere decir que no hizo bien su trabajo, y si lo están destituyendo ahora, eso se debió hacer desde el primer día en que no dio resultados. Los agentes del Ministerio Público no tienen ni material, no están capacitados para las contingencias del ámbito periodístico”, agrega.
Desde agosto pasado, narra la hija de la víctima –y que pidió no revelar su nombre– la familia de Pacheco expuso ante los integrantes del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, la falta de avances en la investigación del crimen y sus quejas por la actitud de una FEADLE cuyo personal sólo “hacía como que trabajaba”.
Presente en el encuentro, agrega la entrevistada, Nájera se acercó a la familia para proponerle un encuentro y asegurarle acceso al expediente que, sin embargo, aún no tienen.
“La Fiscalía, al igual que el Mecanismo, se hicieron a la mexicana, al ‘ahí se va’, porque fue una recomendación y porque el Gobierno tenía que cumplirla; es una cuestión meramente burocrática y política”, concluye la hija de Pacheco Beltrán.
LA REGIÓN SEMANARIO