Refuta CIDH a la PGR: los 43 normalistas no fueron incinerados en Cocula
En un evento realizado también frente a los padres de los jóvenes desaparecidos, el relator de México de la Comisión de Derechos Humanos, James Cavallaro, así como organizaciones sociales, los cinco expertos rechazaron que la versión oficial de que los 43 estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula y sus restos tirados en el río San Juan.
Con base a un peritaje de un experto peruano José Toledo, quien acudió al basurero de Cocula, el abogado chileno Francisco Cox descartó “científicamente” no sólo que los 43 jóvenes hayan sido quemados en ese lugar, ni siquiera un solo cuerpo pudo ser calcinado.
“Con base a la evidencia podemos decir que no hubo incendio ni siquiera para incinerar a una persona”, detalló en conferencia de prensa posterior el abogado chileno.
De acuerdo a un estudio científico realizado por Toledo, dijo, “la carga necesaria para incinerar a una persona requiere de 700 kilos de kilos de maderera”, material que no se encontraba en el sitio de la presunta pira.
Apuntó que la versión de la PGR es sólo sostenida por los perpetradores que refieren haber calcinado a 43, en tanto que ni de manera científica “ni por medio de testimonios hay pruebas de que ahí se realizó un incendio ese día, lo que se constata al examinar el basurero que ha habido otros incendios pero de menor significación como para calcinar a una persona”.
Sobre los restos presentados por las autoridades, uno de ellos correspondiente a Alexander Mora, Francisco Cox puntualizó que las características del hueso “corresponden a las que se alcanzan los restos por incineración”, es decir en un horno crematorio.
Después de seis meses de indagatorias, en el expediente judicial, en información desclasificada del Ejército, así como a partir de entrevistas con estudiantes sobrevivientes e implicados procesados, los expertos sostuvieron que no hay claridad en cuál fue el móvil de la desaparición ni tienen certeza de dónde pueden estar.
Carlos Beristáin resaltó que por las evidencias obtenidas, se trató de un operativo con un incremento paulatino del nivel de violencia contra los jóvenes, hechos que fueron atestiguados por integrantes de diversas corporaciones policiacas y miembros de 27 Batallón de Infantería de Iguala, sin que actuaran para protegerlos.
Al detallar que los hechos dejaron 180 víctimas directas, 6 ejecuciones, 40 heridos, 43 desaparecidos y 700 víctimas indirectas, Beristain detalló que en los nueve escenarios en los que ocurrieron los hechos, estuvieron presentes miembros del 27 Batallón, de la Policía Federal, Policía Ministerial, Policía Estatal y agentes municipales de Iguala y Cocula.
El médico español resaltó que por peritajes externos, ubicaron que de los 110 detenidos, al menos 80 tenían huellas de lesiones, “pero compete a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los jueces determinar si fueron producto de tortura”.
Ángela Buitrago confirmó que “desde que los jóvenes salieron de Chilpancingo”, autoridades estatales y federales así como el Ejército, dieron seguimiento a la movilización de los estudiantes, el boteo y la toma de autobuses, y de que dirigían a Iguala.
La abogada colombiana, dijo que incluso por órdenes militares es que el C4 dejó de registrar llamadas de auxilio o de comunicación entre las autoridades, durante el tiempo en que ocurrieron los ataques a los estudiantes y que la última notificación se refiere a la balacera al camión en el que viajaban integrantes del equipo de futbol Avispones.
La abogada Claudia Paz y Paz habló de la existencia de un personaje de “bigote blanco”, que no ha sido plenamente identificado por las autoridades, quien habría dado instrucciones la en el operativo del 26 y 27 de septiembre del año pasado.
Paz y Paz narró que uno de los choferes de los autobuses en los que viajaban los estudiantes, fue detenido por policías estatales, llevado a una “casa de seguridad en el centro de Iguala”, y dio indicaciones para que el operador del autobús fuera liberado y fue luego de ser trasladado a instalaciones de la Policía Estatal.
La abogada también dio indicios sobre la existencia de un autobús, Estrella Roja, que fue “desaparecido” en las indagatorias y que había sido mencionado inicialmente por los estudiantes como uno de los cinco vehículos que tomaron el 26 de septiembre.
La guatemalteca contó que el grupo de expertos GIEI consideró sospechoso que al inicio de la averiguación se mencionara el vehículo y que en las últimas actuaciones no se hablara más de él, aún cuando en un video de la central camionera de Iguala, se observa que fue abordado por los jóvenes.
Los jóvenes, expuso, contaron al GIEI que fueron bajados del vehículo y atacados por policías ministeriales y ministeriales a balazos, y que diez jóvenes fueron refugiados por una familia en tanto que otros cuatro huyeron al cerro.
Al pedir la declaración del chofer, agregó, éste negó los hechos, dijo que el camión se descompuso y que los jóvenes abandonaron el vehículo, “sin embargo, después localizamos un escrito, en la indagatoria al parecer narrado por la misma persona, en el que se confirman los dichos de los estudiantes”.
El abogado Alejandro Valencia dijo que de la revisión de la investigación así como de las condiciones nacionales sobre las desapariciones, el GIEI emitió 20 recomendaciones, entre las que destacan la insistencia por continuar con los operativos de búsqueda y fincar responsabilidades a funcionarios que “crearon obstáculos durante la integración de la averiguación previa”.
Valencia reconoció que el mandato del GIEI pudo ser ejercido por la voluntad del gobierno de Peña Nieto, pero admitió que están “en espera de que el Estado confirme los dos meses de prórroga del mandato que dio la CIDH o de lo contrario que informe quiénes se harán cargo del seguimiento de las recomendaciones”.
Al término de la presentación, el documento fue entregado a los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Juan Manuel Gómez Robledo, así como al subprocurador de Derechos Humanos Eber Betazos; a los padres de familia de los desaparecidos, así como al representante de la CIDH, James Cavallaro. (proceso)
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